La urgencia de un nuevo marco legislativo para romper con la dependencia petrolera

02.02.2016 15:50

Por Rafael Palacios Bustamante

El actual parlamento venezolano ha abierto el debate sobre problemas que, sin duda, son necesarios abordar en el marco de la complejidad de la crisis que presenta el país. Es fundamental y hasta imperativo que este debate reconozca que el conjunto de problemas que agobian a los venezolano no están presentes en países que aportan entre el 1,8% y el 3% del PIB en ciencia y tecnología. En Venezuela se ha dicho que con la LOCTI el país está entre el 2,5% al 2,8% del PIB nacional. Y cómo uno se explica que hoy en día el país tenga un déficit de balanza comercial en el sector salud con cifras alarmantes, particularmente en el área de infraestructura y fármacos. Es necesario indagar qué se ha logrado en materia de investigación y desarrollo para tener un mejor sistema de salud pública, mejores hospitales, adecuadas medidas preventivas, desarrollo de vacunas, atención a enfermedades tropicales, cáncer y otras enfermedades que están surgiendo producto del cambio climático.

Con la LOCTI se ha tenido la intención de promover la cooperación científica internacional, lo cual tampoco ha sido cierto. Venezuela es uno de los países de América Latina menos efectivos en este campo. Esto ya explica en muy buena parte el estado actual de las universidades nacionales, porque bien se sabe y es norma mertoniana de estos tiempos, que la colaboración y la transferencia de conocimiento internacional es el principal componente que influye en el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas de estas instituciones.

Es curioso que con la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha sido financiada en bolívares y dólares no se conozca sobre su impacto en el desarrollo de la capacidad científica, tecnológica y productiva del sector de la construcción nacional. Y algo similar ocurre con el impacto de los proyectos de cooperación tecnológica internacional con la República Popular de China para aumentar la capacidad productiva de las Empresas Básicas de Guayana y con la República de Cuba para el desarrollo de la transferencia tecnológica, particularmente en el área de salud. Y es que si algo es evidente es que la dependencia tecnológica internacional se ha radicalizado en todos los sectores del país.

Las anteriores interrogantes debieran mover cuanto antes la agenda parlamentaria; y debatir más ampliamente sobre la responsabilidad del Estado frente a las políticas relacionadas con el conocimiento que debieron habernos llevado a destinos distintos al de hoy. Y también debatir sobre los temas del futuro inmediato.

La crisis económica y social actual supone el debate de reformas de leyes como la LOCTI, a fin de orientar efectivamente los ingresos en el aumento y fortalecimiento real de las capacidades científicas y tecnológicas; una ley que promueva la cultura científica en el empresario para que pueda él saber sobre lo que la ciencia puede o no proveerle. Se requiere de una LOCTI que fomente la demanda de conocimiento por parte del sector público y privado; una LOCTI que sea viable, solo si crea un  Sistema Nacional de Innovación vinculante con el desarrollo socioeconómico. Se necesita una LOCTI que fomente tanto la alfabetización tecnológica en todo los actores e instituciones del Estado como una adecuada percepción sobre la ciencia por parte de la sociedad. También, una LOCTI que no centre el poder de la toma decisiones estratégicas y administrativas en el ente que la controla y en los temas altamente estratégicos como la salud, la energía y el ambiente, se demanda de una ley que descentralice estas responsabilidades en entes rectores gubernamentales que actúan en estas áreas y que sean ellos quienes establezcan y definan sus propias agendas de investigación y el presupuesto. Es imprescindible avanzar hacia una reforma de la ley que rompa con la estatización y la visión ideológica en contraposición con la forma como se desarrolla la ciencia moderna, una ley que se base menos en la economía vieja.

Se amerita una Reforma de la Ley de Universidades, no sólamente para defender su autonomía. Se requiere de una reforma que considere los elementos que  eviten convertir a las universidades en instituciones de corto plazo; una reforma que incorpore los fundamentos que faciliten tener universidades adecuadas con la calidad y la relevancia de los problemas que el conocimiento científico supone. Y es imprescindible una ley que atienda el problema de la diáspora venezolana; una Ley de Repatriación de Profesionales Calificados que permita contar con el mejor talento humano para la recuperación de la economía nacional y el desarrollo de nuevos patrones de crecimiento; que garantice sus derechos sociales y laborales en el país y que promueva la colaboración internacional con los venezolanos radicados en el exterior. Hace falta una ley para incentivar la inversión extranjera que incluya la actividad de transferencia tecnológica en el nuevo modo de  la economía; una ley que renuncie al modelo tradicional de compra-oferta tecnológica.

Y se necesitan muchas otras leyes.